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Actualizado el 2005-06-22 a horas: 19:58:55

Corrupción: miristas y gonistas siguen campeando en la administración pública

El INE, un antro de impunidad

Wilson García Mérida

(Servicio Informativo Datos & Análisis).- La sociedad no puede permitir que mientras cambian los poderes y se van los presidentes en pos de una mejor democracia, los delincuentes políticos que confabulan contra esta democracia ?violando derechos humanos y desfalcando al erario nacional? continúen agazapados como garrapatas en los niveles intermedios del Estado.

Wilson García Mérida

Es periodista. Reside en Cochabamba.

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Noemí Colque Hurtado en junio de 1999 y Jaime Ronald García Mérida en noviembre del año 2000 ingresaron al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mediante exámenes de competencia que esta entidad había convocado públicamente, obteniendo sus actuales y modestos cargos como cotizadores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) honesta y limpiamente, con altas calificaciones, sin utilizar ninguna "muñeca partidaria", sin jalar el saco a ningún jerarca de la burocracia estatal, sin necesidad de ningún tráfico de influencias. Humildes y laboriosos tesistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UMSS, apostaban su futuro profesional y laboral a una carrera funcionaria para mejorar sus condiciones de vida con mérito propio.

Pero tan legítimas aspiraciones fueron impunemente aplastadas a partir de octubre del 2002, cuando el nefasto gobierno de entonces promovió el asalto a las planillas del INE imponiendo designaciones mediante avales partidarios del MIR y el MNR para favorecer a sus militantes que pintaron paredes durante la campaña electoral. Dichos avales partidarios ?que infringen inobjetablemente la Ley del Estatuto del Funcionario Público vigente desde junio del 2001? llevan las firmas de Álvaro Moscoso, Marcela Vidaurre y Gustavo Vargas.

Como quiera que Noemí Colque y Jaime García Mérida no tenían militancia alguna, éstos fueron destituidos por la nueva administración nacional del INE a cargo del mirista José Luis Carvajal Burgos arguyendo razones de "re-estructuración". Sin embargo tales destituciones no prosperaron porque Noemí se hallaba protegida por ley en su condición de madre gestante y Jaime Ronald hizo prevalecer su ingreso a la entidad vía examen de competencia en el 2000. Entonces vino el primer acto violento perpetrado contra la integridad de ambos: El mirista Víctor Ortiz Gómez, nombrado responsable regional del INE mediante dichos avales, condicionó el respeto a los derechos laborales de ambos antiguos funcionarios a una afiliación obligada en cualesquiera de los partidos del gobierno de entonces. Ortiz decidió que Noemí Colque no recibiría su subsidio de lactancia si no juraba al MIR, y Jaime Ronald García Mérida fue incluido en unas listas del MNR para tributar a favor de este partido con el 10% de su magro salario (el cual no pasa de 1.100 bolivianos al mes). La única opción que se les brindó era que si Noemí no deseaba militar en el MIR podía hacerlo en el MNR y viceversa para Jaime Ronald. De hecho ambos fueron obligados por Ortiz a asistir, en horas de trabajo, a una serie de actos partidarios especialmente del MIR. Cuando estos funcionarios reclamaron por semejante abuso, Ortiz respondía aplicándoles sendos memorándums con "severas llamadas de atención", en abierta contravención al propio Reglamento Interno del INE.

La estafa del IPC

El avasallamiento se tornó en terror a partir de mayo del 2003, cuando el director ejecutivo Carvajal Burgos, desde La Paz, ordenó el desmantelamiento del área operativa del IPC eliminando tres cotizadores de los cinco anteriores, para descargar sobre las espaldas de los dos únicos encuestadores expertos ?Colque y García Mérida? toda la carga laboral consistente en encuestar diariamente las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor para un mercado regional con casi mil establecimientos legalmente registrados y con cerca de un millón y medio de consumidores. Simultáneamente a ese desmantelamiento, los ejecutivos del INE incrementaron sus sueldos y crearon cargos ociosos y bien pagados ?fuera de toda racionalidad técnica y administrativa? para beneficiar a sus familiares y conmilitantes. Esta novedosa "política de austeridad" fue avalada desde el Ministerio de Hacienda, durante la oscura gestión de Javier Comboni, mediante resoluciones y auditorías carentes de toda transparencia.

El IPC que el INE de Cochabamba entrega a la población se produce bajo un clima laboral plagado de maltratos y agresiones constantes contra los dos cotizadores antiguos. Las condiciones técnicas de este trabajo son además deplorables por la absoluta falta de profesionalidad del Encargado del Área, Luis Quiroga (MNR), quien fue designado directamente por Ortiz de manera ilegal para ejercer ese cargo interinamente durante más de dos años, vulnerando el requisito esencial que le exigía poseer cursos universitarios avanzados en ciencias económicas o sociales ?que no los tiene ni por asomo? y "ganando" el puesto con un simple certificado de cursillos en un instituto de computación. Es así cómo el INE produce un IPC en base al cual el Ministerio de Trabajo calcula beneficios sociales, por ejemplo.

En el colmo de la irresponsabilidad, los encargados del INE en Cochabamba, ante la imposibilidad de saturar mucho más la inhumana carga de trabajo impuesta sobre los dos cotizadores antiguos, llegaron al extremo de elaborar boletas de cotización del IPC en sus escritorios, es decir "cocinan" los datos según el testimonio de Colque y García Mérida. Esta práctica corrupta que ya configura un delito fue denunciada ante las autoridades nacionales del INE, documentando y probando un hecho concreto suscitado el 15 de julio del 2003, cuando el supervisor Cristian Angulo Torrico (MIR) extravió y falsificó más de 20 boletas de cotización.

Todas estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de Carvajal y en respuesta los cotizadores denunciantes fueron objeto de mayores represalias. El 12 de agosto del 2004 García Mérida y Colque formalizaron sus denuncias ante el nuevo director ejecutivo Oscar Lora, pero esta autoridad, notoriamente influida por el asesor legal del INE Eduardo Torrecillas Campero (MNR), más allá de promover una investigación con el rigor pericial y procedimental que el caso ameritaba, se limitó a intercambios epistolares sobre las materias denunciadas dando lugar a un Informe Legal, el cual, más que un documento jurídico serio y profesional, se asemeja a un trabajo práctico mal elaborado por un estudiante de primer año de Derecho.

En dicho Informe emitido el 20 de octubre del 2004, el asesor legal del INE, lejos de actuar imparcialmente asesorando a las partes en conflicto, actúa como defensor a ultranza de los denunciados (Ortiz y los suyos), y establece una estrategia plagada de triquiñuelas leguleyescas orientadas al enjuiciamiento penal de los denunciantes (Colque y García Mérida) por "dañar la imagen del INE". Qué les parece. Similares chicanas ya fueron ejercitadas por Torrecillas para defender a su mentor Carvajal Burgos ante denuncias provenientes de otros sectores del INE en La Paz.

Tenemos más de un contundente indicio sobre el grave delito de falsedad ideológica cometido por este abogado al faccionar imaginarias convocatorias internas a fin de "legalizar" ?con supuestos y fictos exámenes de competencia? la situación de quienes ingresaron con simples avales partidarios, entre ellos el primo hermano de Carvajal Burgos además de Ortiz, Angulo, Quiroga y varios otros. Se ha solicitado al respecto información al Lic. Lora, actual Director Ejecutivo, pero su silencio displicente no deja lugar a dudas.

Operadores de Vaca Díez

El proceso interno iniciado a raiz de las denuncias del 12 de agosto del 2004 se convirtió en una pesadilla kafkiana para Noemí Colque y Jaime García Mérida. Los funcionarios que han sido denunciados por sus actos corruptos tienen a su disposición toda la maquinaria institucional del INE ?logística y financiera? para ocultar o fraguar pruebas, incluido un abogado pagado por el Estado, frente a la indefensión de los denunciantes que deben quitarle el pan a sus hijos para sufragar las contingencias legales y administrativas emergentes de esta desigual lucha. Para colmo, el clima de represalias recrudeció a extremos delincuenciales y dictatoriales.

La madrugada del 4 de diciembre, obligado a realizar su trabajo de campo en el mercado campesino desde las cinco de la mañana, el cotizador Jaime García Mérida no pudo entrar a la oficina del INE ya que, por órdenes de Ortiz, la portera (también militante del MIR) se negó a abrirle la puerta. Totalmente desprotegido en medio de la oscuridad, fue perseguido por unos "polillas" que aparecieron de la avenida Aroma con intención de agredirle físicamente, y en vez de retornar a su domicilio para ponerse a buen recaudo, el cotizador volvió a la oficina una hora después hallando que su tarjeta de ingreso ya había sido marcada por una mano ajena y en su ausencia, con lo cual Ortiz intentó librarle un nuevo memorándum y promover su despido "por abandono de funciones".

El 28 de enero se denunció ante el director ejecutivo Oscar Lora que el supervisor Cristian Angulo Torrico, responsable del extravío y falsificación de las boletas del IPC, desató una escalada de amedrentamientos vociferando en presencia de varios funcionarios del INE que "si cae Mesa y llega Hormando Vaca Diez al poder", un tío suyo, el diputado del MIR Oscar Torrico, sería Ministro de Gobierno "y entonces ya van a ver" (sic). Angulo, que ingresó al INE usurpando funciones, busca generar una confrontación violenta con Jaime García Mérida mediante constantes intrigas e interferencias durante las tareas de cotización. Por su parte Ortiz, quien promueve este clima laboral tan insano, ostenta abiertamente su impunidad y se jacta al respecto en voz alta insinuando que tiene "su gente" incluso en la Defensoría del Pueblo.

Todos estos hechos son de conocimiento de la Delegación Presidencial Anticorrupción, la cual, mediante una excelente gestión impulsada por la Dra. Rebeca Delgado, inició en febrero una investigación en instancia de la Fiscalía Anticorrupción del Distrito a cargo de la Dra. Ligia Velásquez.

Cuestión de Estado

Observará el lector que escribo esta nota motivado por un evidente interés familiar, pues una de las víctimas es hermano mío. Tal relación, precisamente, me inhibió de actuar en este caso como periodista, por lo que me constituí en Apoderado Legal de Noemí y Jaime Ronald para alentar en instancias legales pertinentes todo proceso necesario, coadyuvando en ello y respetando la institucionalidad que brinda nuestra democracia; pero sólo constaté que los mecanismos de corrupción e impunidad están sólidamente articulados en todos los pliegues del Estado. Confié en esta institucionalidad con toda buena fe y el resultado es una querella criminal contra mis mandantes avalada nada menos que desde el Ministerio de Hacienda. Todo esto me obliga a tomar una posición de trinchera y a partir de este momento enfrentaré a los corruptos del INE con todo el rigor de la verdad ?hasta las últimas consecuencias? ya no en defensa de un familiar sino en aras de un interés colectivo mayor. El INE de Cochabamba no puede seguir produciendo indicadores económicos falsos e inexactos. Y tampoco los causantes de esta estafa pueden seguir gozando de impunidad.

La sociedad no puede permitir que mientras cambian los poderes y se van los presidentes en pos de una mejor democracia, los delincuentes políticos que confabulan contra esta democracia ?violando derechos humanos y desfalcando al erario nacional? continúen agazapados como garrapatas en los niveles intermedios de la administración estatal.

Por ello, Noemí Colque Hurtado y Jaime Ronald García Mérida, a quienes me honra representar y me enorgullece defender, son portadores de una aislada pero transparente conducta ética que dignifica la función pública y se constituyen en auténticos héroes civiles de la muy difícil y agobiante, pero no imposible, lucha contra la corrupción.

llactacracia@yahoo.com

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